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Reivindicación urbana de la Vivienda Nueva de Interés Social

Por: Maria Teresa Diaz Valdivia


Reivindicación urbana de la Vivienda Nueva de Interés Social

En el Perú la demanda insatisfecha de viviendas nuevas, equivalente a 415 000 unidades,  está prioritariamente concentrada en viviendas de menos de US$ 40 000 (INVERTIR, 2014), tal cifra engloba de manera estructural el déficit habitacional de los niveles socioeconómicos más bajos de nuestro país, que representan  el 62%   de la población nacional  y constituyen la llamada  Base de la Pirámide (BID, 2015), es preciso resaltar al respecto que la Base de la Pirámide (BDP) ,además de la falta de vivienda, atraviesa de manera simultánea diversas carencias que restringen su progreso.

Para contribuir con la reducción del déficit habitacional en mención, el Gobierno actual ha anunciado, como parte del plan de impulso económico, el “Boom de la Vivienda Social”. La medida apunta al 2021,  el desarrollo de 150 mil viviendas sociales nuevas en el marco del programa Techo Propio (MEF 2017). En aras de contribuir a mitigar las carencias de la BDP  y en un contexto global en el que “los centros urbanos están expandiendo su capacidad de generar ingresos, contribuir con el bienestar nacional, atraer inversión y crear empleo.”  (WHO and UN-Hábitat, 2010), cabe preguntar a partir de la cuestión habitacional: ¿Cuáles son oportunidades urbanas a las que acceden los niveles socio-económicos más bajos cuando adquieren una Vivienda de Interés Social (VIS) en el Perú?

Según el Fondo Mi Vivienda se entiende  por VIS, en términos económicos, a aquella vivienda  cuyo valor no excede de los 25 000 US$, tal coste incluye un bono no reembolsable subsidiado por el estado,  la inversión de  los hogares  materializada en el ahorro familiar y  capacidad crediticia. El estado, por intermedio del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVSC), autoridad competente en materia urbana y habitacional, tiene como fin el facilitar , de manera especial a los sectores con menos recursos, el acceso a una vivienda digna.

Para ejecutar tal objetivo el MVCS,  sujeto al principio de legalidad,  enmarca sus actuaciones  a lo que   solo los instrumentos normativos vigentes señalan y delimitan, por lo que para dar respuesta al cuestionamiento inicial es preciso revisar el marco legal nacional  relativo a la vivienda de interés social y al desarrollo urbano.

Al remitirnos a las condiciones legislativas vigentes podemos dilucidar que estas se dan en desmedro de las posibilidades de articulación entre la VIS y oportunidades urbanas, ello derivado de instrumentos normativos que contemplan  1.- La restringida caracterización de la VIS[1], que delimita la descripción de la misma a condiciones relativas solo a la unidad de vivienda mas no a las condiciones adecuadas del entorno que esta requiere , 2.- Planificación urbana poco inclusiva [2]  siendo que  el principal instrumento de planificación  “Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible RATDUS”  no contempla , expresamente dentro de sus objetivos, la promoción de criterio alguno  de integración social; así mismo dicho instrumento no fomenta la reserva de suelo para la VIS bien localizado produciéndose en consecuencia una  3.- Ineficiente gestión de suelo. Al respecto si bien existe un Programa Nacional de Generación de Suelo Urbano[3] (PGSU) para la VIS,  este no ha logrado consolidar, desde su creación en 2012, proyectos  de vivienda urbanamente dinámicos.

Las políticas nacionales y el Plan Nacional de Desarrollo al 2021, en contraste con lo anterior,  denotan claras directrices para el fomento de la inclusión y justicia social, hecho que como se ha evidenciado, aún no se ve reflejado la dimensión espacial. Por ello surge necesidad de esbozar Consideraciones de reestructuración legislativa para la reivindicación urbana de la Vivienda nueva de Interés Social en el Perú  (DIAZ, 2017), que permitan conducir de  manera explícita la articulación entre VIS y desarrollo urbano.

De esta forma los niveles socio-económicos más bajos, al adquirir una vivienda nueva,  podrían aproximarse eficazmente a los beneficios de la urbanización planificada. Dicha reformulación representaría un punto de partida altamente influyente en la ampliación de oportunidades para la BDP, oportunidades que derivan del fomento de condiciones urbanas adecuadas como: el acceso a empleo, proximidad a servicios, mejores condiciones de    movilidad y transporte, etc. En ese sentido conviene tomar como referencia las recientes mejoras normativas que Chile y Colombia vienen implementando en pro la integración y equidad urbana.

[1] RESOLUCION MINISTERIAL Nº 209-2012-VIVIENDA Reglamento operativo para acceder al bono familiar habitacional – BFH, para las modalidades de aplicación de adquisición de vivienda nueva y construcción en sitio propio – postulación colectiva.

[2] DECRETO SUPREMO N° 022-2016-VIVIENDA Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible – RATDUS

[3] DECRETO SUPREMO N° 003-2012- VIVIENDA “Creación del programa Generación de Suelo Urbano”


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