Un plan para Arequipa: horizontes de reflexión (III)*

“El presente artículo se escribió en 2014, en vísperas de otras elecciones municipales. El autor ha decidido publicarlo ahora al comprobar su triste actualidad”.

La institucionalidad: pensar el cambio

Está demás decir que en Arequipa hay sectores académicos y técnicos preocupados por el desarrollo regional y que han elaborado propuestas interesantes y consistentes. Sin embargo, la realidad es que la reflexión en Arequipa está miles de años luz de quienes ejercen el poder. Pareciera ser que en Arequipa los que piensan nunca mandan y los que mandan nunca piensan.

Más allá de las limitaciones personales o regionales, el asunto es semejante o peor en otros contextos peruanos. Lima, casi por default, pero también a trompicones, ha logrado generar en su municipalidad metropolitana –incluso a pesar del bache Villarán- un know how  que nunca decae a los extremos infrahumanos de los municipios provincianos. Eso es fruto del centralismo y también de que a los liderazgos económicos y académicos no les conviene que esa peculiar mezcla de sistema nervioso central del país, balneario chic y culturoso y babélica urbe plebeya se paralice o siquiera ralentice por malas autoridades. Así, acceden a «mojarse un poco» en el cultivo de la cosa pública, incluso a pesar de los posibles colerones. No así sus pares del cada vez más lánguido patriciado provinciano –que en algunos lugares ya ni existe – y que temen –con razón – las difamaciones, amenazas y depredaciones de los caciques y capituleros, aquellos personajes que no poseen ninguna utilidad ni talento más allá del arte de corromper voluntades y corromperse a sí mismos y que son los más bestialmente idóneos para hacerse de los cargos elegidos.

Lo cierto es que las elecciones municipales en el Perú son una  fuente de corrupción. Casos como los de César Álvarez solo pueden sorprender a personas muy ingenuas: es evidente que más de una decena de sujetos, muchos de ellos de trayectorias y orígenes oscuros, que gastan en una campaña de resultado incierto cientos de miles de soles cuando no más, no lo hacen exclusivamente por amor a la patria. En cierta ocasión se entrevistó a un candidato a un distrito arequipeño, que ante la pregunta por las fuentes de financiamiento de su muy bien dispuesta campaña, respondió que eran ahorros suyos y que los gastaba con mucho agrado por su vocación de servicio.

¿Alguien puede creer eso? ¿Despilfarrar un millón de soles por vocación de servicio en un proceso en el que no hay garantía necesaria de victoria?

¿Qué cabe hacer, entonces? ¿Si el bien común de la ciudad está hipotecado en sus fundamentos a una fuente de corrupción en sí misma, como son las elecciones?

La solución no sería local, sino iría por una serie de procesos de nivel nacional, vinculados a la reforma institucional, pero intentaremos reflexionar sobre una posible solución, surgida de múltiples reflexiones.

He de admitir que me gusta mucho conversar con taxistas. Poseen un no-se-qué reaccionario y un gran sentido común, alejado de cualquier abstracción progre malsana. Al llegar al tema de las elecciones, les hago la misma pregunta: -«Señor, ¿qué exámenes le tomaron para poder tener el brevete de taxista?»  Luego del consabido: « ¡Uy, amigo!», pasan a enumerar una larga lista de diversas pruebas, de índole técnica, psicotécnica, psicológica, etc… «Pues bien, señor, -les respondo- todas esas pruebas que usted tomó son muchísimo más que las que se les han tomado a quienes van a ser nuestras autoridades». Porque en el Perú es más fácil ser alcalde o congresista que ser niñera, taxista o guachimán. Nuestras  autoridades ni siquiera pasan por un mínimo examen psicológico.

Para cualquier trabajo privado se requieren una serie de evaluaciones de toda índole, para el servicio al bien común que es la política – oficio mucho más importante – no se requiere nada. Así, la respublica queda muchas veces en manos de gentes absolutamente inservibles, en el mejor de los casos.

A esto se añade otro elemento, que la gente comprende claramente, pero que es una especie de tabú en los círculos académicos y políticos del mainstream: ¿En qué mente cabe que un padre de familia con trabajo estable y que paga impuestos valga para las urnas lo mismo que un drogadicto degradado? ¿Existe alguna lógica detrás del viejo dogma de un hombre/un voto? Qué curioso que los liberales empiristas que niegan los fundamentos metafísicos y teológicos de la igualdad en dignidad de las personas sean los mismos que hayan establecido este dogma.

Sería un ejercicio interesante revisar el funcionamiento del cabildo virreinal, para iluminar nuestro entendimiento de la labor municipal con otro modelo, cuya influencia permaneció, aunque en sordina, incluso en nuestro siglo.

El cabildo virreinal funcionaba en torno a los siguientes ejes: el alcalde de vecinos, el alcalde del crimen y el regidor perpetuo. De forma bastante sabia, el orden virreinal establecía dos alcaldes, uno, dedicado al gobierno del espacio público, el alcalde de vecinos; y otro, el alcalde del crimen, suerte de comisario y juez de primera instancia, que se ocupaba del orden público. Cuando se plantea que, en aras de la reforma judicial, se fortalezcan los juzgados de paz y se establezcan juzgados de primera instancia en las comisarías, para coordinar respuestas rápidas a la delincuencia no se hace más que volver a la solución de sentido común, más allá de distorsiones y calcos montesquianos contraproducentes. Los alcaldes eran elegidos de entre los vecinos notables, eso es, de aquellos vecinos antiguos que descendían de los fundadores de la villa o de aquellos que se destacaban por su liderazgo económico o social. Por merced real eran constituidos regidores perpetuos del cabildo. Más allá del componente aristocrático –en el más puro sentido de la palabra, que remite al sacerdocio del orden temporal para servir al bien común – del cabildo del antiguo régimen, sería interesante contrapesar el correlato corrupto de las elecciones municipales con la esencia de la institución del regidor perpetuo, que parte de la comprobación de que existe una sociedad  más allá de las instituciones políticas estatales y de las elecciones, una sociedad que posee liderazgos naturales y funcionales: en el mundo de la empresa, en los gremios, en la academia,  en las iglesias, etc…¿Por qué tendría que estar la sociedad separada del gobierno político de la ciudad? ¿Por qué el principal recurso de participación política de la sociedad tiene que darse a través del individuo aislado y  abstracto del sufragio representativo en las elecciones, que como hemos visto son focos de corrupción, si nunca en la sociedad viva, real y orgánica, existe algo así como el individuo aislado, pues la sociabilidad natural del hombre hace que el ejercicio de sus derechos siempre se dé en la práctica en estructuras compartidas, empezando por la familia? ¿No sería mejor equilibrar la representación electa con un elenco de líderes de colegios profesionales, universidades y gremios y formar así un concejo provincial verdaderamente representativo, extraer de allí al alcalde, y permitir así que los ciudadanos ejerzan uno  de sus principales derechos pero uno de los más olvidados: el de ser gobernados por las personas más capaces para hacerlo, capacidad demostrada por el ejercicio previo de funciones eficaces de liderazgo en la llamada «esfera privada»? ¿Quién, pudiendo hacerlo, no optaría por el mejor empleado para servirlo y ayudarlo, especialmente en materias tan trascendentes como la búsqueda del bien común, sin la distorsión de ruidosas, carísimas y a veces violentas campañas electorales en esas pymes políticas que son los partidos, convertidos casi todos en vientres de alquiler?

Queda, entonces, revisar sin prejuicios toda suerte de caminos que permitan acabar con la paraplejia institucional que hace que el liderazgo real de una comunidad esté totalmente divorciado de las estructuras políticas oficiales. Gustan los simplificadores profesionales de la historia considerar que nuestros malfuncionamientos políticos obedecen a «nuestra tradición absolutista» que se originaría en el Virreinato. Tradición absolutista, quizás, pero que surge con los sucesivos y tragicómicos intentos de crear un Estado-Nación moderno, drenando las energías de la sociedad, a partir de las Reformas Borbónicas y de la República, sin considerar la realidad de las cosas y pensando en modelos extranjeros y en utopías librescas. Porque, más allá de las necesarias limitaciones y de las eventuales injusticias, el Antiguo Régimen no fue una satrapía persa, ni de un estado totalitario, pues, en palabras del gran pensador Juan Vázquez de Mella: «España fue una federación de repúblicas democráticas en los municipios y aristocrática, con aristocracia social, en las regiones; levantada sobre la monarquía natural de la familia y dirigidas por la monarquía política del Estado».

 

 

*Este artículo ha sido dividido en tres partes. Puedes encontrarlo en su total extensión aquí. Un-plan-para-Arequipa – César Félix Sánchez

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