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Crisis financiera de la CIDH, ¿mala administración o insuficiencia de fondos?

Por: Luciana Parodi


Crisis financiera de la CIDH, ¿mala administración o insuficiencia de fondos?

Hace un par de días la CIDH, a través de diversos medios de comunicación, informó al mundo sobre la gran crisis financiera que enfrenta y las consecuencias que esto genera.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una institución independiente derivada de la OEA (Organización de los Estados Americanos) cuyas funciones son la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano, sirviendo como órgano consultivo de la OEA en dicha materia.

La CIDH se materializa en tres competencias básicas: el Sistema de Petición Individual, en el cual se reciben denuncias de violaciones de DDHH; el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros; y la atención a líneas temáticas prioritarias, tareas que se llevan a cabo a través de la publicación de informes, recomendaciones a los Estados, visitas, conferencias, seminarios y reuniones con representantes de gobiernos, instituciones académicas y entidades no gubernamentales, presentación de casos ante la Corte IDH, etc. Como podemos apreciar, la Comisión es el principal organismo de protección de derechos fundamentales que disponemos como Americanos contra las aberraciones y violaciones de DDHH que, día a día se dan en todos los rincones de nuestro continente, es el sistema que protege nuestra dignidad como seres humanos.

En sus reiterados comunicados, la CIDH alegó que fruto de esta condición, se suspenderán las sesiones programadas para lo que resta del año, teniendo un impacto directo en la capacidad de la Comisión de avanzar en el procesamiento de las denuncias de violaciones a los derechos humanos, siendo inevitable un desmesurado retraso procesal, además de perder al 40% de su personal.

El presupuesto que la CIDH dispone por año es de 5 millones de dólares, es decir, menos de cinco milésimas de dólar por habitante para la protección de los derechos fundamentales. Los Estados, prefieren destinar más de 13 millones de dólares a la Corte Penal Internacional, no existiendo en este tribunal ningún caso vinculado con Latinoamérica y El Caribe.

Sin embargo, en el trasfondo de esta situación, cabe preguntarse ¿qué países y ONG aportan efectivamente a la Comisión? Los países y organizaciones no gubernamentales que efectivamente invierten en el Sistema Interamericano son: Francia, Inglaterra, México, España, Suiza, Holanda, EE.UU, Argentina, Irlanda, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Costa Rica, Colombia, Chile, UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), UNAIDS (Joint United Nations Programon HIV/AIDS), Save the Children, Plan, IWGIA (International Work Group for Indigenas Affaires), UNICEF, University of Notre Dame y la Unión Europea. Es decir, que sólo 5 de los 35 países miembros, contribuyen con el financiamiento de la Comisión.

Deberíamos cuestionarnos por qué los Estados no subvencionan a la CIDH. Estimo, que no tan sólo se debe a esta cuestión, sino que además se produce por la falta de operatividad que la Comisión exhibe, consecuencia de que ésta únicamente emite recomendaciones a los Estados y no tiene la facultad de compeler, sumándole a que dichas sugerencias no son obedecidas por los países, provocando que el sistema vaya perdiendo su trascendencia por la falta de formalización de sus recomendaciones.

La Comisión devino en una institución retrógrada al no reformar su visión y estructura para ponerse a la altura del cambio de época vivido en el continente; y los Estados, lejos de cooperar con la promoción y defensa de los DD.HH deciden soltarle la mano a la CIDH, dejando paralizados miles de casos que requieren el amparo del Sistema Interamericano. Todo ello no quita la importancia que la CIDH tiene en materia de defensa de los Derechos Humanos siendo, hasta el día de hoy, el principal organismo internacional al cual recurrir en caso de violación de derechos fundamentales.

Es así, que a mi juicio, los Estados deben contribuir económica y materialmente con esta institución, y paralelamente, la CIDH debe adaptarse a los nuevos desafíos que la tutela de estos derechos precisa; siendo tarea de ambos la consolidación de un sistema de protección de derechos humanos eficaz y pragmático.


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