El doble estándar peruano

Por: Carlos Fernando Timaná Kure


El doble estándar peruano

La prisión preventiva al presidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia me puso a pensar en lo duro que es esto para todos en general, saber que quien debía defenderte, trabajar por ti, atender los problemas del país, representar todas las esperanzas depositadas, por lo menos de la mitad más uno de los peruanos, caiga preso.

Si bien ya soy hijo adoptivo de Arequipa y el Perú, en el país del que soy oriundo, Colombia, nunca se ha judicializado algún presidente, por lo menos desde la Constitución de 1991 y razones para hacerlo no es que no haya habido, es por el juicio político que lo hace la Cámara de representantes –la cámara baja, compuesta por 166 curules- al Presidente y cuya comisión de acusaciones parece una mesa de partes sin algún resultado que mostrar en su historia de funcionamiento.

De allí que vea con buenos ojos la función de control que realiza el Congreso en el caso del Perú, y elogie la potestad del Ministerio Público y el Poder judicial sobre el Presidente, ya que brindan esperanzas sobre la posibilidad de obtener justicia cuando el presidente comete actos ilegales, de tal forma que no haya nadie que se escape de la ley y así la función pública de todos queda en el marco del Estado de derecho.

Este tipo de comportamiento del poder judicial se puede observar en el caso francés, con Jacques Chirac, quien fue condenado a dos años de prisión en 2011 por desviación de fondos de su partido durante su gobierno en la Alcaldía de París (1977-1995) y lo que pudimos observar también la semana pasada en Brasil, en el caso de Lula da Silva y la forma como se vienen desarrollando las investigaciones al Gobierno de Cristina Fernández de Kirschner en la Argentina.

La cárcel que están purgando los esposos Humala no debería alegrar a nadie, pierde el país al reconocer que el fenómeno de la corrupción no se quedó en la década del 90, sino que persigue a todos los presidentes de este siglo y no pareciera que será fácil desenquistarlo de la cultura política nacional, lo que me ha llamado aún más la atención es que la corrupción sea medida con mayor o menor peso en la opinión publicada dependiendo del espectro político del implicado y eso no puede pasar en una sociedad que anhele la justicia como un fin a alcanzar.

El contradictor político y yo debemos tener las mismas reglas de juego para poder tener un debate alturado y una democracia sana, somos los ciudadanos los que debemos velar porque esto se dé y no entregarle a los medios de comunicación el poder de erigirse como los jueces; ya que si se debieran a la verdad sería hasta lícito que lo hicieran, pero son empresas y quedan al arbitrio de los intereses particulares y al mismo tiempo tienen agendas ideológicas, donde más que justicia, terminan tomando sólo agua para su molino.

La verdad y la justicia son los dos pilares que deberían llevarnos a reflexionar este momento doloroso de la vida nacional, deberían convertirse en el fin común de todos los ciudadanos y el parámetro de grandeza de quien ostente el destino del país y de quienes sirven en los medios de comunicación, sólo así podremos convertir el caso Odebrecht en una oportunidad de aprendizaje y no en un capítulo más del desarrollo que la corrupción nos ha robado.


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